La Federación Argentina de Agrimensores ha suscripto un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para «establecer relaciones de complementación, cooperación y asistencia recíproca de carácter institucional, profesional y técnico» en el marco de los procesos de regularización de vivienda que se llevarán a cabo en todo el país, en los barrios populares inscriptos en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana).

Por parte del Ministerio de Desarrollo Social el acuerdo fue suscripto por su máxima autoridad, el Ministro Lic. Daniel Arroyo y por la Secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño. Nuestra Federación estuvo representada por su Presidente el Agrimensor Marcelo Adrián Lupiano.

La FADA, como expresión federal de la Agrimensura argentina, se ha propuesto de sus inicios atender y tomar parte en los asuntos de interés público a nivel nacional y regional. Tal como se plantea en sus estatutos, la FADA tiene por objeto reunir a las asociaciones de Agrimensura existentes en el país y –entre otras cosas– «promover el desarrollo científico, técnico jurídico, económico y social de la Agrimensura».

La Agrimensura, en tanto profesión experta en el ordenamiento del territorio, no puede permanecer ajena a los procesos de regularización que el Estado lleva adelante. Además, resulta clave en ese contexto el trabajo profesional que los Agrimensores y Agrimensoras de las diversas jurisdicciones, tanto desde el ámbito público como privado, aportan para realizar una correcta gestión territorial en conjunto con los distintos estamentos de gobierno dos intervinientes.

Dado su carácter de entidad de segundo grado (es decir, que reúne a instituciones que a su vez nuclean a individuos profesionales) la FADA puede aportar trabajo, promover acciones, invitar, poner a disposición recursos necesarios; en fin, realizar todo aquello que haga materialmente posible la consecución de un proceso de trabajo exitoso que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de miles de familias.

Sin embargo, el protagonismo deberá ser asumido por los Colegios, Consejos y Asociaciones que aglutinan a nuestros Colegas y/o regulan el ejercicio profesional en cada provincia. Y esto por muchas razones, pero una de ellas excluyente: son los Colegios y Consejos quienes administran la matrícula y ejercen el control del ejercicio profesional en cada una de las jurisdicciones de nuestro país. Por ello, serán esas instituciones las que controlen, certifiquen y colaboren con las unidades ejecutoras de cada proyecto encarado.

Según lo relevado por el RENABAP hay más de 4400 asentamientos en todo el país. Para el Registro, los barrios populares son aquellos «integrados con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a al menos dos de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).»

Tal como lo afirmó la Secretaria Fernanda Miño durante su participación del acto inaugural de la Semana Nacional de la Agrimensura 2021, a las situaciones de carencia estructural de nuestro país se suma el actual contexto: «la pandemia ha dejado al descubierto esto, más en este tiempo en que las personas que están padeciendo por la falta de acceso a los servicios necesitan del esfuerzo mancomunado de muchas áreas. La Federación ha dado el puntapié para que otras federaciones se pongan a disposición (de brindar su colaboración)». Además, agregó: «El trabajo de ustedes para nosotros es indispensable a la hora de crear mecanismos ágiles y efectivos para que la formalidad dominial deje de ser un privilegio».

La Federación ha comenzado un vínculo de trabajo con la Secretaría de Integración Urbana (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social), a través del contacto y participación del Colega Agrimensor Juan Zandoná, quien se desempeña como asesor en cuestiones técnicas para la Secretaría encabezada por Miño.

El primer encuentro formal se produjo en la primera Reunión de Junta de Gobierno de la FADA, el pasado mes de marzo, momento en que se anunció la inminente firma del convenio que ahora se suscribe. En ese momento, Miño y Zandoná expusieron a las Autoridades de FADA y a los Presidentes de los Colegios, Consejos y Asociaciones presentes el proyecto y propuesta de trabajo conjunto, dada la necesidad de participación de Agrimensores para hacer efectivo este ambicioso proyecto de regularización dominial a nivel nacional.

Quienes formamos parte del mundo de la Agrimensura sabemos que un mayor y mejor conocimiento del espacio que habitamos y explotamos redunda, no sólo en mejores condiciones de vida para las familias que habitan esos barrios y asentamientos, sino también para la nación en términos de progreso y avance en infraestructura urbana y seguridad jurídica para nuestras ciudades y sus habitantes. La posibilidad de acceso a los servicios públicos básicos significa, además, un mejoramiento de las condiciones sanitarias y de circulación para toda la ciudadanía y la consolidación de un catastro más eficaz, actualizado y acorde a las necesidades y problemáticas de su lugar, gracias a la regularización de esas situaciones.

Desde diferentes perspectivas, y en torno a temas particulares, la Federación participa de todos los espacios que, impulsados y/o promovidos por el Estado, se plantean las problemáticas del acceso a la tierra y la regularización de su tenencia. Tanto en el presente convenio, con el Ministerio de Desarrollo Social, como también en la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, en el ámbito de otro Ministerio nacional: el de Desarrollo Territorial y Hábitat, organismo oficial con el cual también está en estudio la firma de Convenios de colaboración y asistencia, apuntalados con la materialización de singulares acuerdos de formación y cooperación recíproca previstos con otras profesiones.

Por caso, existen actualmente conversaciones en ese sentido entre la FADA y el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), establecidas en orden a organizar diversas maneras de intervenir profesionalmente, desde ambas disciplinas, y colaborar en la consecución de las iniciativas elaboradas desde ese Ministerio para solucionar y regularizar situaciones vinculadas con la creación y escrituración de lotes urbanos con servicios, unidades construidas bajo convenios urbanísticos y con créditos oficiales, así como la aplicación en todo el país de la Ley Nacional 24374 (más conocida como ley Pierri) norma constituida hace más de 20 años para permitir –en tiempo y forma– la regularización de situaciones dominiales puntuales.

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