Días atrás, el Presidente de la Federación Argentina de Agrimensura, el Ing. Agrimensor Jorge Soria, visitó la provincia de Jujuy para apoyar el trabajo que llevan adelante los Colegas de esa jurisdicción para conseguir la plena implementción de la Ley Nacional de Catastro N° 26209. Allí, Soria resaltó el compromiso de los Agrimensores locales para que Jujuy implemente la Ley Nacional de Catastro y garantizar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. La ley nacional lleva 17 años de vigencia en el país, pero aún no fue adoptada en esa provincia.


En su visita, Soria se reunió con Francisco Barrau, director de Inmuebles de la provincia y otras autoridades de esa Dirección, por lo que resaltó el compromiso y el impulso que observó para que finalmente se ponga en vigencia la Ley Nacional de Catastro en Jujuy.

«Con mucha alegría me voy por esa empatía del director, que conminó a los trabajadores del catastro a que busquen la documentación necesaria para poner en vigencia la Ley Nacional de Catastro lo antes posible en Jujuy», afirmó el presidente de la federación. Destacó que la provincia lleva 17 años sin aplicar la normativa, lo que puede generar inseguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

La ley, sancionada en 2007, plantea la articulación entre los dos organismos publicitarios del país, el Registro de la Propiedad y el Catastro. Soria resaltó, en diálogo con el medio local El Tribuno que «esta articulación es fundamental para que los compradores de inmuebles tengan certeza de que lo que están adquiriendo corresponde a lo que dice el título de propiedad».

Además, detalló que uno de los principales problemas que enfrentan los compradores de inmuebles en las provincias que aún no aplican esta ley, «es la falta de seguridad jurídica». Sostuvo que la ley exige que los escribanos soliciten un certificado catastral, el cual es emitido por los organismos competentes y que demuestra que el inmueble existe y se encuentra en las condiciones legales para su venta. El certificado es vital para evitar problemas como invasiones de terreno o la existencia de derechos no publicitados sobre el inmueble, como servidumbres o usufructos.

En ese mismo sentido, el Presidente de la FADA agregó que «la intervención de los agrimensores es clave en este proceso, ya que son los responsables de mensurar el terreno y asegurar que las medidas del inmueble correspondan con las que figuran en el título de propiedad».
«El agrimensor demuestra en primer lugar que el inmueble existe tal como lo dice el título, y esto no siempre ocurre», detalló Soria, al señalar que muchas veces los terrenos no corresponden con las dimensiones indicadas, ya sea por errores o por invasiones de vecinos. Y agregó: «Cuando uno compra un inmueble y el mismo está ocupado por un tercero, puede ocurrir que el título diga 10 por 30 metros, pero en la realidad haya 10 por 27 porque el vecino se tomó una licencia».
La visita de Soria a Jujuy también tuvo como objetivo avanzar en la creación de una Asociación de Agrimensores local, en conjunto con el referente Rubén Sánchez. Durante su estadía, también mantuvieron reuniones clave con el juez y secretario de minas, Pablo Read y José Gómez. A pesar de la paralización de algunas obras públicas en el país, Soria destacó que hay un boom minero que abrió un nuevo camino para la profesión, que generó demanda.